CONFRAS, CNAF y MMST exigen acciones reales para mejorar la agricultura en El Salvador - CONFRAS de R.L.

La Confederación de Federaciones de la Reforma Agria Salvadoreña, Comité Nacional de Agricultura Familiar y Mesa Mujeres Suelo y Tierra, en el marco del 43 aniversario de la Reforma Agraria salvadoreña, exige acciones para mejorar la agricultura en El Salvador.

 En El Salvador la baja producción agrícola y agropecuaria, y la dependencia de productos meramente importados son algunos de los factores internos que hacen que los precios de los bienes y servicios en El Salvador continúen al alza. Abonado al total abandono por parte del gobierno de Nayib Bukele y la ausencia de planes y políticas gubernamentales, los bajos presupuestos para las actividades productivas y la permanente inestabilidad institucional en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), golpean directamente a pequeños y medianos productores/as.

Datos oficiales precisan que la población salvadoreña llegó al año 2023 con el precio más alto de la canasta básica de la historia de $240.37 en la zona urbana y $181.54 en el campo. El alza de precios se debe a que, en la región, El Salvador es el segundo país, con más desprovisto en la producción de alimentos; es decir que, importa más de lo que se produce, según un informe publicado en diciembre de 2022, por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (WFP) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Asimismo, se agregan factores como el aumento en los costos de producción, debido al encarecimiento de los insumos, la eliminación y desfinanciamiento de programas que incentivaban la producción agrícola, como la Ley de Agricultura Familiar (AF), que fue aprobada probada en enero de 2021, sin embargo, no se ha generado ninguna acción o generado condiciones para su implementación.

La Ley de Agricultura Familiar “generaría condiciones jurídicas, técnicas y financieras para impulsar un sistema agroalimentario sostenible, que contribuiría a la reactivación de la economía, al combate de la pobreza y la reducción de la vulnerabilidad ambiental”, explica Alejandra Goches de CONFRAS.

También, se agrega un recorte al presupuesto de los paquetes agrícolas para este año 2023, por parte del gobierno, dejando sin insumos para cultivar la tierra a unos 60,000 agricultores/as, y la cada vez más estrecha disponibilidad de tierras para la producción de alimentos.

Un estimado de 200 mil familias campesinas, la mayoría mujeres, que viven de la agricultura, no son propietarias de las tierras que cultivan, es decir que trabajan en tierras alquiladas, y, las “familias campesinas que son propietarias de sus parcelas están siendo amenazadas de desalojos y de expropiaciones, por parte de grandes terratenientes protegidos por el Estado”, comenta Goches de CONFRAS.

A esta problemática, se les agrega el acceso a las mujeres a la tierra, donde en El Salvador el 53% de la población son mujeres; sin embargo, las mujeres apenas representan el 13% de las personas propietarias de tierra del país. Esta situación limita a las mujeres, pues niega el derecho al acceso de la actividad económica formal y remunerada, y a poseer una vivienda digna.

En la misma sintonía de la Ley de AF, «en octubre del 2021, la Mesa Mujeres, Suelo y Tierra presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley y de política pública que reivindica el derecho de las mujeres al acceso a la tierra para cultivar y suelo para construir una vivienda digna, sin embargo, estas propuestas tampoco han sido estudiada por la actual Asamblea Legislativa» explica Ana María de MMST.

En el comunicado de prensa girado por las organizaciones, y frente a la grave situación que está viviendo la agricultura en el país y el campesinado, exigen:

1. Ejecutar la Ley de Agricultura Familiar, aprobada hace más de dos años, ya que su fin permite desarrollar y fortalecer los circuitos cortos de comercialización y compras públicas, promover la implementación de iniciativitas de mitigación y adaptación de la agricultura al cambio climático, y generar condiciones jurídicas, técnicas y financieras para impulsar un sistema agroalimentario sostenible.
2. Abrir una línea de crédito a cero intereses para que las y los productores de granos básicos puedan resistir el aumento de los costos de producción y las afectaciones del cambio climático en los territorios rurales.
3. Crear una Ley de Soberanía Alimentaria, que permita garantizar la alimentación de toda la población salvadoreña, terminar con la dependencia de alimentos importados y reducir el ya alto costo de la vida.
4. Aprobar la Ley de Acceso y Escrituración de la Propiedad de Inmuebles para Mujeres.
5. Ejecutar la segunda fase de la Reforma Agraria, pendiente desde 1980, que permita transferir tierras a 200 mil familias campesinas que cultivan en tierras alquiladas.
6. Cese a los intentos de desalojos y expropiación de tierras de cooperativas y pequeños y medianos productores agrícolas.
7. Alto a la militarización de las comunidades rurales y a los atropellos a los derechos humanos de personas trabajadoras.
8. Crear una reserva estratégica de alimentos, en la que el Estado compra la producción nacional y le garantiza precios justos a la población consumidora más vulnerable.