Proyecto destacado: Ley de Agricultura Familiar
CONFRAS es una organización de base con amplia experiencia en procesos de incidencia que impulsan iniciativas de Ley en favor de la agricultura. Por ello, al ser parte del Comité Nacional de Agricultura Familiar brinda un mecanismo de sinergia a los diferentes procesos de incidencia. Uno de estos procesos es la elaboración de la propuesta de Ley de Agricultura Familiar, de reciente aprobación por la Asamblea Legislativa. Que su principal objetivo es establecer las responsabilidades del Estado en el desarrollo de un marco jurídico que oriente hacia un modelo productivo sustentable de Agricultura Familiar, campesina e indígena de base agroecológica, resilientes frente al cambio climático, que contribuya al desarrollo económico, a la equidad e inclusión social, así como a la gestión integral de los paisajes.
¿Por qué una Ley de Agricultura Familiar?
La Agricultura Familiar (AF) es clave para lograr la erradicación del hambre por su capacidad de proveer alimentos saludables y nutritivos a toda la población. Ya que, desarrolla actividades agrícolas diversificadas, lo que le otorga un papel fundamental a la hora de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad.
En El Salvador, el 86.7% del beneficio pertenece a la agricultura familiar, convirtiéndose en la principal fuente de empleo agrícola y rural. Los pequeños agricultores son los principales actores para lograr combatir la pobreza e inseguridad alimentaria, es decir, que apoyar la AF debe ser un rol fundamental del Estado.
Sin embargo, El Salvador ha suscrito compromisos internacionales con las Naciones Unidas, con los Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030 y el Decenio de la Agricultura Familiar (aprobado en mayo del 2019). Ambos adeudos representan una oportunidad para combatir la pobreza y la inequidad, fortalecer la producción agroalimentaria, empleo e ingresos, y fortalecer capacidades de la agricultura para hacerle frente al cambio climático.
Con ello, se colocó el tema en la agenda política de los ministros, generando esfuerzos de instalar un mecanismo de diálogo y generación de conocimiento regional de AF entre los años de 2016 al 2018. A iniciativa del Programa de Diálogo Regional Rural (PDRR), el Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador (MAG), propuso al Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) el reconocimiento de la AF en el 2018, aprobado por todos los ministros.
También, lideró la aprobación de la Política de Agricultura Familiar Campesina, Indígena y Afrodescendiente Regional (PAFCIA) en 2018, en el marco del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), instrumento que marco las políticas de cada uno de los países miembros.
En el período del 2009 al 2019, El Salvador alcanzó importantes avances en la promoción de la Agricultura Familiar. Pero, actualmente en El Salvador, no existe un programa, política o estrategia de apoyo específico para la Agricultura Familiar, por lo que la aprobación de la ley de Agricultura Familiar coloca las bases para el avance en la gestión de políticas específicas de apoyo para los agricultores familiares.
Antecedentes de la ley
El proyecto de Ley de Agricultura Familiar dio inicio en febrero 2019 a iniciativa del Comité Nacional de Agricultura Familiar (CNAF) y con apoyo del Foro Rural Mundial (FRM). Para ellos, se desarrollaron una serie de talleres de consulta y socialización con diferentes organizaciones generando una importante propuesta. El proyecto de ley de AF, fue presentado a la Asamblea Legislativa por las organizaciones de agricultores familiares, en las que destacan CONFRAS, AMSATI, CARITAS, PRISMA, entre otras, el 2 de septiembre del 2020. Se desarrolló una campaña de apoyo al proyecto de ley y una serie de reuniones con la Comisión Agropecuaria Parlamentaria y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Para finalmente ser aprobado el 13 de enero del 2021, por la Asamblea Legislativa con un total de 61 votos, enviando la ley a la presidencia, la cual, la devolvió con observaciones. Sin embargo, el 24 de marzo del 2021, fue aprobado nuevamente por la Asamblea Legislativa bajo el decreto legislativo N° 814, superando algunas de las observaciones enviadas por la presidencia y es publicada en el diario oficial, el 28 de abril de dicho año, lo que cierra el ciclo de aprobación y da paso a la implementación de la ley.
La implementación de la Ley de AF generará condiciones jurídicas, técnicas y financieras para impulsar un sistema agroalimentario sostenible, que contribuyan a la reactivación de la economía, que, en el contexto actual del COVID-19 ha dejado evidenciado su enorme contribución a la seguridad alimentaria, al combate de la pobreza y la reducción de la vulnerabilidad ambiental.